Todo el combustible que se vende en las gasolineras en España tiene que superar unos controles de calidad y una serie de comprobaciones que realiza la Administración, salvo cuando se dan casos como este y que lógicamente constituyen un fraude, según denuncian desde la Agencia Tributaria.

Se llama operación Casinos-Brulajo y la Guardia Civil llevaba más de un año con las investigaciones dado que era una compleja organización criminal especializada en el fraude fiscal en el sector de los combustibles. Se dedicaba a la distribución de diésel modificado por gasolineras de toda España.

Gasolineras low cost

De momento han sido detenidas 22 personas de diferentes nacionales lo que da una idea del carácter internacional de esta banda. Había integrantes de España, Polonia, Ucrania, Georgia y Argelia que se relacionaban con otras 200 personas, tanto físicas como jurídicas, es decir empresas que la Guardia Civil denomina pantalla, dado su carácter fraudulento.

Los delitos de los que se les acusan son fraude fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El diésel modificado procedía de Europa del Este y se almacenaba en España para su distribución por toda la costa mediterránea, donde se ha localizados cuatro almacenes (gasocentros), tres en Valencia en las localidades de Xativa, Paterna y Silla y otro en Murcia, todos clandestinos.

En estos centros de distribución la Guardia Civil ha detectado 130.000 litros de diésel modificado, así como gran cantidad de dinero, tanto en cuentas bancarias, 1.800.000 euros, como en efectivo, 45.000. También 14 camiones cisterna para la distribución del combustible, tres coches de alta gama, 19 teléfonos móviles, 12 ordenadores y diez inmuebles.

Las investigaciones detectaron que la organización, que en España para complicar posibles detenciones funcionaba en forma de células independientes, adquiría en diversos países de Europa hidrocarburos para la automoción modificados en su composición para evitar los controles fiscales comunitarios.

Posteriormente se vendía a gasolineras low cost o de marca blanca. En total se han localizado más de 30 de estas gasolineras distribuidas por la provincia de Valencia que se abastecían de esta organización, que evitaba el pago del Impuesto Especial de Hidrocarburos, gracias a la adulteración del combustible. Tampoco asumían el IVA que sin embargo si repercutían en sus clientes.

Todo esto estaba organizado en una compleja trama de sociedades instrumentales y testaferros.

Diésel modificado

Si bien estaba muy centrada en la zona de levante, la red red disponía también de diferentes centros de almacenamiento y distribución para toda España. De hecho la investigación ha permitido identificar diez almacenes clandestinos que distribuían el diésel por toda la geografía española.

Además del daño causado por el fraude fiscal, estimado en 50 millones de euros, esta organización suponía una competencia desleal y un fraude a los conductores que repostaban este diésel.

Como reclamo el combustible se venía sensiblemente más barato, a un precio inasumible para el resto de estaciones de servicio que operaban de forma legal.

En cuanto al diésel que se distribuía, dado que escapaba a los controles comunitarios, no tenía garantía de calidad por lo que según la Guardia Civil podría llegar a producir daños importantes en los motores en una utilización a largo plazo.

El gasoil se recibía en los mencionados centros de almacenamiento desde donde se distribuía a diferentes gasolineras low cost. Además el transporte internacional y el nacional estaba diferenciados para complicar su localización por parte de las autoridades.