El presidente Sánchez, acaba de culminar una semana clave en esta legislatura impredecible: la semana en la que indultó las penas de cárcel a los independentistas que, en 2017, lideraron las aprobación de las leyes de desconexión, el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia. En la Moncloa celebran el apoyo de empresarios, sindicatos, obispos y medios internacionales, y creen que el rechazo social y político a la medida decaerá con el tiempo, pero no ocultan que es sólo un «primer paso» para «normalizar» la situación. El Gobierno cree que la «agenda del reencuentro» pasa, en el medio plazo, por una mesa de negociación bilateral de incierto resultado, mientras que el calendario político inmediato vaticina días agitados para el líder del Ejecutivo: esta semana recibirá a Aragonès y se enfrentará a la oposición en el Congreso.

Los indultos también han tenido una derivada en la Cámara baja: han atado a Sánchez a la mayoría de la investidura. Tras el fracaso de la moción en Murcia, que buscaba dar aire a Ciudadanos pero acabó provocando el batacazo socialista en las elecciones de Madrid, el presidente había visto reducidas sus opciones de jugar a la geometría variable con los escaños de Arrimadas. Y con los indultos se han quemado todos los puentes: la líder del partido naranja ha recurrido la medida de gracia ante el Supremo, Vox ha hecho lo propio y advierte de otra posible moción de censura –perdieron una en otoño de 2020 y amenazaron con una segunda, que no presentaron, a finales de ese año–, y el PP pide la dimisión de Sánchez y unas elecciones de tintes plebiscitarios para que la ciudadanía vote con la atención centrada en el perdón a los líderes del procés.

Frente a esas críticas, durísimas, los socios habituales de la coalición reclaman al presidente que acelere la agenda social. Este martes llegará al Consejo de Ministros la ley trans, donde se han impuesto las tesis de Irene Montero sobre las de Carmen Calvo tras meses de intensos debates entre Igualdad y Vicepresidencia, pero quedan muchos asuntos –reforma laboral, ley de vivienda, derogación de la ley mordaza…– que tensan la relación de Sánchez con Unidas Podemos y del conjunto del Gobierno con la mayoría parlamentaria que lo sustenta. «Es el momento de la política (…) y de concentrar todas nuestras fuerzas en mejorar la vida de nuestro pueblo», dijo el miércoles el presidente, que estos días negociará cara a cara con la vicepresidenta Díaz otro asunto delicado: la cuantía del salario mínimo interprofesional, congelado desde enero.

Con este escenario político de fondo, el arranque de la semana en clave catalana tendrá tres escenarios claros. El primero, el Tribunal de Cuentas. Allí están citados, este martes, los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el líder de ERC, Oriol Junqueras, los exconsellers Homs, Munté, Turull y hasta una treintena de cargos independentistas. El órgano fiscalizador comunicará a cada uno de ellos la cuantía que considera que desviaron a las denominadas embajadas catalanas y al Diplocat, y les impondrá una fianza provisional. José Luis Ábalos pareció abrir el viernes la puerta a que el Ejecutivo intervenga –»estas causas no dejan de ser piedras en el camino y nos corresponde ir desempedrando el camino dentro de la legalidad–, y la oposición arremetió contra el ministro por lo que consideró un ataque a la independencia de la institución.

Horas después, el foco se trasladará del Tribunal de Cuentas –donde los líderes independentistas no están obligados a comparecer, sino que pueden enviar a sus abogados– a la Moncloa, donde Sánchez recibirá a Aragonès a las 17.00. Un encuentro que, en palabras del presidente, se presenta complejo: «Hay mucho que hablar, mucho que dialogar, muchas diferencias que resolver», sintetizó el viernes, cuando llamó al Govern a construir «concordia» y recordó que «el pacto constitucional» es un «límite» insalvable. Así las cosas, Sánchez se centrará en cuestiones que se «ajustan a la legalidad» y que versan sobre asuntos como las inversiones, la financiación y de carácter más simbólico, en línea con la «agenda del reencuentro», un documento de 44 puntos que recopila «reclamaciones» de sucesivos presidents y que ya ofreció a Torra en febrero de 2020.

El miércoles, finalmente, la atención se centrará en el Congreso, donde el presidente tendrá que justificar los indultos ante la oposición. Sánchez evitó acudir a la Cámara antes de aprobarlos, pero ahora tendrá que rendir cuentas tanto por este asunto como por el último Consejo Europeo. El debate será bronco, pero no incluirá el habitual cara a cara del líder del Ejecutivo con la oposición tras vetar PSOE y Unidas Podemos una petición de la oposición, y pondrá punto final al periodo de sesiones plenarias hasta después del verano.

Lo que no tiene fecha, en cambio, es la mesa bilateral entre Gobierno central y Govern catalán. La Moncloa no da pistas por ahora y las declaraciones públicas parecen indicar que Sánchez no tiene demasiada prisa. «Conforme se acerca el verano es más difícil encontrar huecos», dijo el jueves la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien dio a entender que en ningún caso será antes de que Sánchez se vea con Ayuso el 9 de julio, «con lo cual va quedando un espacio de tiempo inferior» antes de las vacaciones. Más prisa parece tener la parte catalana, pues el viernes Aragonès dijo que el martes, en la Moncloa, instará al presidente a empezar a concretar la «metodología y calendario» de ese foro.

El president también avanzó que sus objetivos son la amnistía y la autodeterminación, mientras que en la Moncloa insisten en que «ahora le toca al independentismo» hacer «gestos» y asumir que hay que encontrar una salida dentro de los «límites claros» que marca la Constitución. Así las cosas, se antoja complicado encontrar un punto intermedio, y en el Gobierno central admiten que «no hay una propuesta concreta», por ahora, para plantear en esa mesa bilateral, sólo el deseo de poder fraguar a medio plazo un acuerdo «transversal» que supere la barreta entre independentistas y no independentistas y concite un amplio consenso en la sociedad catalana. El contenido de ese acuerdo, a día de hoy, es una incógnita. «Por ahora vamos a escuchar», dicen en el Ejecutivo.